Villarán afrontará desde setiembre el juicio oral por los casos del No a la revocatoria y su fallida reelección. La fiscalía pide 29 años de prisión por lavado de activos, asociación ilícita para delinquir, colusión y otros.

El Poder Judicial dictó este jueves 36 meses de impedimento de salida del país contra la exalcaldesa de Lima Susana Villarán. La fiscalía había pedido dicha medida, así como otras restricciones que aseguren su permanencia en el Perú mientras enfrenta su juicio por el caso de los aportes de las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS a sus campañas municipales.

No obstante, en aplicación de una ley aprobada por el Congreso y promulgada por el Ejecutivo, el juez Víctor Chávez Tamariz rechazó el pedido fiscal para que se le impida comunicarse con testigos y coacusados de su juicio. «Diario El Comercio. Todos los derechos reservados.»

Mira aquí la audiencia:

La solicitud de la fiscalía fue hecha en agosto del 2022, como parte de su acusación contra la exalcaldesa y otros procesados por este caso.

El juez Chávez Tamariz, quien se encargó de hacer el control judicial de esa acusación y de determinar que avance a la etapa de juicio, no atendió la solicitud de estas medidas restrictivas hasta ahora.

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NOTA PREVIA
El pedido formulado por el fiscal José Domingo Pérez, del equipo especial Lava Jato, es para que a Susana Villarán se le imponga un impedimento de salida del país por 36 meses.

También requiere que se le agreguen reglas de conducta a la comparecencia con restricciones que cumplía al momento que se formuló la acusación, en agosto del 2022.

Acusados Restricciones solicitadas
1 Susana Villarán Agregar reglas de conducta a su comparecencia con restricciones e impedimento de salida del país
2 Domingo Arzubialde Impedimento de salida del país
3 Gabriel Prado Ramos Impedimento de salida del país
4 Marco Antonio Zevallos Impedimento de salida del país
5 María Méndez Vega Impedimento de salida del país
6 Marco del Mastro Veccione Impedimento de salida del país
7 Cecilia Lévano Castro Impedimento de salida del país
8 Guillermo Loli Ramírez Impedimento de salida del país
9 Jorge Torres Padilla Impedimento de salida del país
10 Daniela Maguiña Ugarte Impedimento de salida del país
11 Juan Carlos Becerra Impedimento de salida del país
12 José César Castro Joo Impedimento de salida del país
13 Mónica Giannina Pozo Impedimento de salida del país
14 Mario Ruas Nogueira Prisión preventiva
15 Freddy Chirinos Castro Comparecencia con restricciones e impedimento de salida del país
16 Óscar Vidaurreta Yzaga Impedimento de salida del país
17 César Meiggs Rojas Impedimento de salida del país
Para otros 14 acusados se requiere la medida de impedimento de salida del país; para otro se pidió comparecencia con restricciones (reglas de conducta) y solo para uno, Mario Ruas Nogueira, se solicitó prisión preventiva. Este último es un empresario residente en México a quien la fiscalía acusa de haber creado una empresa presunta ligada al esquema de lavado de dinero.

¿Por qué tres años después?
En su requerimiento acusatorio de agosto del 2022, la fiscalía pidió 29 años de prisión para Susana Villarán por lavado de activos, asociación ilícita para delinquir, colusión y otros dos. Todo en torno a los aportes de las constructoras brasileñas Odebrecht, OAS y Graña y Montero a sus campañas del no a la revocatoria (2013) y de su fallida reelección como alcaldesa capitalina (2014). Sin embargo, allí también se pidió la imposición de las mencionadas medidas restrictivas contra un grupo de acusados.

El juez Chávez Tamariz dirigió el largo control de acusación del caso, hasta que en mayo pasado dio la orden definitiva para que el caso avance a juicio oral. No obstante, lo hizo sin atender el pedido para dictar las reglas de conducta. Así, el caso llegó al tribunal asignado para el juzgamiento, el Tercer Juzgado Colegiado de la Corte Superior Nacional, que programó el juicio para este 23 de septiembre.

En la revisión previa del expediente judicial de cara a la instalación del juicio, el juzgado colegiado advirtió que el pedido para imponer las restricciones no se había resuelto y devolvió el incidente al juez Chávez Tamariz para que lo atienda “en el plazo más breve, entendiéndose la importancia del desarrollo de este proceso penal”.

El juez Jorge Chávez Tamariz, de la Corte Superior Nacional. (Foto: César Campos / GEC)
Fue así que recién el último jueves, el juez Chávez convocó a la fiscalía y las defensa para evaluar el requerimiento en una audiencia programada para las 11:00 a.m. de este jueves 10 de julio. Como para al menos uno de los acusados se pide prisión preventiva, el magistrado dispuso que la sesión se realice de forma presencial.

¿Qué se pide contra Villáran?
El Comercio revisó el requerimiento fiscal presentado en agosto del 2022. Allí se especifica que las reglas requeridas contra Susana Villarán incluyen: comunicar al juzgado su actividad cada 15 días y no comunicarse con sus coacusados, testigos, peritos, abogados, fiscales, jueces y colaboradores eficaces de este caso y otros conexos.

También se requiere prohibirle la comunicación con funcionarios de la Unidad de Inteligencia Financiera, la Superintendencia de Banca y Seguros, de las entidades del sistema electoral, con representantes de empresas vinculadas a este caso, con representantes o “intermediarios” de medios de comunicación.

Adicionalmente, se pide que no pueda dar declaraciones en la prensa o redes sociales, que no pueda “ausentarse de su lugar de residencia” y no pueda salir de Lima, que se presente ante la fiscalía o el juzgado cuando se lo requieran y que paga una caución de S/ 500 mil. Finalmente, el plazo de impedimento de salida del país requerido es de 36 meses.

Reglas de conducta solicitada contra Susana Villarán

Reglas de conducta solicitada contra Susana Villarán
Técnicamente, la fiscalía pidió que las reglas se “agreguen” a las que Susana Villarán cumplía desde mayo del 2021. Sin embargo, a partir de una ley dictada por el Congreso el año pasado que pone un plazo máximo de tres años a la comparecencia con restricciones, esa medida impuesta a la exalcaldesa ya caducó.

Según pudo conocer El Comercio, a partir de estos cambios en la ley y el tiempo trascurrido desde agosto del 2022, la fiscalía evalúa adecuar su solicitud. En cualquier caso, el objetivo de las reglas que se requieren sigue siendo el mismo: asegurar que Susana Villarán y el resto de acusados se sometan al proceso y que no salgan del país mientras dure el juicio.

Consultada por su participación en la audiencia de este jueves, la abogada de Susana Villarán, Merly Edquen, dijo a El Comercio que “ambas estaremos presentes”. Sin embargo, indicó que requirió al juzgado que la participación sea virtual y “ya me concedieron el permiso”. “Creo que para más defensas también (se dio ese permiso). No sé si todas. Es probable que sea una audiencia mixta”, dijo.

José Domingo Pérez, fiscal del equipo especial del caso Lava Jato, sustentará la solicitud | Captura de Justicia TV
Más allá de eso, en cuanto al pedido de la fiscalía, la defensora legal de la excalcaldesa indicó que “en principio, nos opondremos”.

Susana Villarán ha admitido públicamente, aunque no dentro del proceso judicial, que sus campañas recibieron los aportes de Odebrecht y OAS. No obstante, su tesis de defensa es que la recepción de ese dinero por parte de empresas que tenían contratos con la Municipalidad de Lima fue un error político y no se trató de lavado de dinero ni de corrupción. Es decir, ha admitido el hecho, pero niega haber cometido un delito

La fiscalía sostiene lo contrario y acusa a Susana Villarán de haber liderado una red criminal que lavó más de US$ 11 millones de dólares mediante esos aportes y que favoreció ilícitamente a constructoras desde la municipalidad. Ambas posturas serán confrontadas en el juicio de la exalcaldesa a partir del próximo 23 de septiembre. Al final de este, se determinará su culpabilidad o inocencia. «Diario El Comercio. Todos los derechos reservados.»