La noche del 30 de mayo, la presidenta Dina Boluarte celebró su cumpleaños número 63 con una reunión privada en Palacio de Gobierno, evento que no figuró en su agenda oficial y que fue realizado bajo estrictas medidas de confidencialidad. La información fue revelada por un reportaje periodístico que detalla la presencia de ministros y altos funcionarios, además de música en vivo y un banquete especial.

La celebración se inició alrededor de las 9:00 p.m. en la residencia presidencial, con ingresos controlados por accesos laterales sin registro. Según el informe, se prohibió el uso de teléfonos móviles durante la actividad, la cual fue organizada por Carmen Giordano, asesora de la Presidencia y testigo en el caso Rolexgate.

Entre los asistentes estuvieron el canciller Elmer Schialer, el exministro del Interior Juan José Santiváñez, el ex premier Gustavo Adrianzén, y el vocero presidencial Freddy Hinojosa. También acudió el actual jefe del gabinete, Eduardo Arana, quien evitó ser captado por las cámaras.

Durante la fiesta, se ofrecieron platos como caja china, y ya cerca de la medianoche un grupo de mariachis ingresó en un vehículo con lunas polarizadas para cantar las mañanitas a la mandataria. La reunión concluyó pasada la 1:00 a.m., y los asistentes se retiraron por calles aledañas para evitar la exposición pública.

El Ejecutivo no ha emitido pronunciamiento sobre esta celebración. Sin embargo, el mismo día en que se difundió el reportaje, la Presidencia del Consejo de Ministros respondió a otra denuncia que expuso gastos recurrentes en comidas durante las sesiones del Consejo de Ministros, cubiertos con la caja chica del Despacho Presidencial. Facturas revisadas revelan desembolsos de hasta S/ 2,000 por jornada, incluso en días de crisis como los incendios forestales.

Especialistas en gestión pública han cuestionado estos gastos, señalando que la caja chica está destinada a cubrir emergencias menores, no lujos ni preferencias alimentarias. Pese a ello, el Ejecutivo ha rechazado cualquier irregularidad, asegurando que todos los procesos se realizan bajo supervisión y control.

Todo esto ocurre mientras Boluarte enfrenta una baja aprobación ciudadana, investigaciones fiscales y un entorno político inestable.